El proyecto Dominga vuelve a vivir: lo que el giro judicial le enseña a toda empresa con permiso ambiental
C. Apelaciones Antofagasta · Recurso de casación en el fondo · Pendiente ante C. Suprema · 17 de marzo de 2026
En un giro procesal que tomó por sorpresa a varios actores del sector, la Corte de Apelaciones de Antofagasta admitió a trámite un recurso de casación en el fondo interpuesto por la Unión de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte contra su propio fallo del 20 de febrero de 2026, que había rechazado el permiso ambiental del proyecto minero-portuario Dominga. Como consecuencia, la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que habilita al proyecto quedó provisionalmente restablecida: el fallo que la dejaba sin efecto está suspendido mientras la Corte Suprema emite su pronunciamiento definitivo. Dominga lleva más de doce años en litigación y representa una inversión estimada de USD 3.000 millones.
¿Qué ocurrió procesalmente?
La suspensión de los efectos de una sentencia durante la tramitación de un recurso de casación no es automática ni una facultad discrecional del tribunal. El artículo 773 del Código de Procedimiento Civil establece como regla general exactamente lo contrario: el recurso de casación no suspende la ejecución de la sentencia. La suspensión es la excepción, y opera cuando la parte recurrente —en este caso, aparentemente la Unión de Pescadores— solicita al tribunal la suspensión ofreciendo una caución o fianza de resultas para responder de los perjuicios que pueda causar. El tribunal a quo, en única instancia, se pronuncia sobre esa solicitud y fija el monto de la caución. Es la parte contraria quien activa el mecanismo, no el tribunal por iniciativa propia.
Cabe precisar que, al no tener acceso al expediente de la causa, no puede descartarse que la suspensión haya operado bajo otro régimen procesal distinto al artículo 773 CPC —como una medida cautelar propia del procedimiento de reclamación ambiental bajo la Ley N°19.300—, lo que podría tener una lógica y requisitos distintos. En cualquier caso, el efecto práctico es el mismo: la RCA está provisionalmente vigente, y sus efectos no han sido anulados sino suspendidos.
¿Qué implica esto para usted?
Si su empresa opera bajo una Resolución de Calificación Ambiental o tiene proyectos en evaluación, el caso Dominga es una advertencia concreta: una RCA aprobada no garantiza estabilidad jurídica permanente. El riesgo no proviene solo de la impugnación administrativa estándar del artículo 20 de la Ley N°19.300, sino de actores con legitimación activa amplia —observantes ciudadanos del proceso de evaluación (PAC), sindicatos de trabajadores, comunidades— que pueden activar recursos de casación con efecto suspensivo sobre sentencias favorables al proyecto.
Esta incertidumbre tiene costos reales: el financiamiento, los contratos de suministro y los compromisos con inversionistas quedan condicionados a un proceso judicial de duración indefinida. Y desde el ángulo opuesto: si es su empresa la que busca suspender una sentencia adversa, debe saber que ese derecho se ejerce en el momento mismo de interponer el recurso de casación y requiere asumir el costo de una caución. Si no se solicita en ese momento, precluye.
Nuestra lectura
En Melo & Cía observamos que el caso Dominga expone una tensión estructural del sistema chileno de evaluación ambiental: las RCA son el resultado de procesos técnicos extensos, pero quedan expuestas a litigación por actores que participaron como observantes en el proceso de evaluación (PAC) y que mantienen legitimación activa para impugnarlas judicialmente.
Para empresas titulares de RCA, la gestión jurídica no termina con la aprobación del permiso. Recomendamos al menos tres acciones concretas: primero, mapear a los observantes que participaron en el proceso PAC y monitorear su actividad litigante posterior; segundo, revisar periódicamente si han surgido cambios en las condiciones ambientales del proyecto que puedan activar el mecanismo de revisión de la RCA del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300; y tercero, preparar con antelación estrategias cautelares para neutralizar eventuales solicitudes de suspensión —incluyendo la evaluación de si conviene anticiparse solicitando la propia fianza de resultas en caso de recurso adverso.
Respecto al estado procesal actual: la decisión final recaerá en la Corte Suprema. Mientras eso ocurre, la RCA de Dominga está vigente. Lo que debería preparar un cliente en un escenario similar es precisamente ese intervalo: no esperar el fallo definitivo para reorganizar su posición jurídica y contractual.
