El 1 de agosto de 2026, el Diario Constitucional publicó una nota sobre un fallo de la Corte Suprema que rechazó el abandono del procedimiento en un juicio ejecutivo iniciado por Scotiabank. La decisión plantea una pregunta relevante para quienes enfrentan una cobranza judicial: cómo saber si la causa realmente estuvo paralizada durante el tiempo que exige la ley para declarar su abandono.[1]

Para evaluar esta defensa, hay que conocer el estado del juicio y revisar qué actuaciones dan cuenta realmente de una prosecución útil en él. Dicho de otra forma, la fecha de la demanda o el tiempo transcurrido desde la última noticia que recibió el deudor, por sí solos, no son suficientes para que opere la institución jurídica del abandono del procedimiento.

El caso Scotiabank y las actuaciones que mantuvieron el cobro

En la causa, la ejecutada sostuvo que habían transcurrido más de tres años sin gestiones útiles desde un embargo de fondos practicado en 2018. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el abandono, pero la Suprema revirtió esa decisión en su sentencia de 20 de julio de 2026, Rol 14.452-2025.[2]

La mayoría consideró relevantes las solicitudes del banco para conocer los dineros retenidos por Tesorería y obtener su entrega. Esas diligencias estaban dirigidas al pago de la obligación y permitieron que se remitieran fondos al tribunal. Por ello, la mayoría concluyó que no se había completado el período de inactividad necesario. Hubo votos en contra sobre la eficacia de las actuaciones y sobre la notificación exigida para reanudar el procedimiento.[2]

Claro está que podemos entrar a debatir sobre qué es una gestión útil, toda vez que la interpretación de la Suprema respecto de dicho requisito sine qua non del abandono fue la que revirtió lo resuelto por la Corte de Apelaciones. En esta nota, me limitaré a señalar que el caso muestra que una revisión basada únicamente en las fechas visibles del expediente puede omitir una gestión decisiva para resolver si procede esta defensa.

Seis meses o tres años según el estado de la causa

El abandono sanciona la falta de prosecución del juicio durante el plazo legal, que difiere entre procedimientos. En el procedimiento ejecutivo deben distinguirse dos situaciones, según exista controversia pendiente o corresponda aplicar el régimen especial de ejecución.[3][4]

Seis meses. La regla general considera la inactividad de todas las partes y cuenta el plazo desde la última resolución recaída en una gestión útil para hacer avanzar la causa. En un juicio ejecutivo puede aplicarse, por ejemplo, cuando se han opuesto excepciones y todavía no existe sentencia firme que las resuelva.[4]

En otras palabras, cuando la discusión se encuentra radicada en el cuaderno principal (etapa en la cual el ejecutado pretende erradicar la presunción de veracidad del título ejecutivo invocado o plantea cualquier otra defensa), el análisis temporal desde la última resolución recaída en una gestión útil es de seis meses.

Tres años. El régimen especial opera después de quedar ejecutoriada la sentencia definitiva, o cuando ha vencido el plazo para oponer excepciones sin que el ejecutado las haya presentado. El análisis se concentra en el cuaderno de apremio, donde se tramitan las actuaciones para obtener el cumplimiento forzado de la obligación.[4]

En el régimen de tres años, el plazo se cuenta desde la última gestión útil de apremio posterior a esos hitos. Si la diligencia es anterior, se cuenta desde que quedó firme la sentencia o venció el plazo para oponer excepciones, según corresponda.[3]

En la práctica, los abogados presentamos escritos en los que solicitamos a la secretaría del tribunal que certifique que no se han opuesto excepciones. La respuesta a esta solicitud varía: algunos tribunales certifican lo solicitado y otros resuelven «no ha lugar por improcedente». Conseguir esto último sigue siendo una cuestión estratégica, ya que, aunque no se acceda a la solicitud, el rechazo obedece a que el plazo de oposición es legal y, por ende, no se precisa de un pronunciamiento judicial para declarar su vencimiento.

Los movimientos del expediente deben analizarse en contexto

La utilidad de una gestión depende de su relación con el avance que correspondía dar al proceso. Por eso, conviene revisar qué se pidió, qué resolvió el tribunal y qué efecto tuvo la actuación, junto con las diligencias que seguían pendientes.[2][4]

Un caso distinto fue reseñado por el Diario Constitucional el 1 de febrero de 2024. En esa oportunidad, la Corte Suprema mantuvo el abandono solicitado por el ejecutado, pues el acreedor no acreditó gestiones útiles durante tres años. Según la noticia, las solicitudes de desarchivo y de curso progresivo invocadas no bastaron para interrumpir el plazo en ese expediente.[5]

Ambos antecedentes permiten orientar la revisión, pero la conclusión para una causa concreta debe construirse a partir de sus propias actuaciones. También importa identificar a quién correspondía impulsar el trámite pendiente; la sola demora del proceso no resuelve esa cuestión.

El abandono requiere una decisión del tribunal

El demandado debe alegar el abandono y el tribunal debe resolverlo mediante un incidente. El paso del tiempo o el archivo del expediente no sustituyen esa declaración.[3]

También debe cuidarse la oportunidad de actuar, toda vez que el artículo 155 del Código de Procedimiento Civil dispone que, renovado el procedimiento, si el demandado realiza una gestión distinta de alegar su abandono, se considera renunciado ese derecho. Conviene revisar esta circunstancia antes de presentar escritos.[3]

La deuda y la prescripción requieren un análisis propio

El artículo 156 impide continuar el procedimiento abandonado, pero no extingue por ese solo hecho las acciones o excepciones de las partes. El abandono no equivale, entonces, a una eliminación automática de la deuda.[3]

La eventual prescripción y los efectos sobre las medidas decretadas requieren una revisión adicional del caso. Si existen embargos u otras restricciones, la evaluación debe considerar qué decisiones y actuaciones corresponden respecto de ellas.

En Melo & Cía. revisamos tu causa y evaluamos las alternativas de defensa frente a una cobranza judicial. Si tu juicio lleva tiempo sin avanzar, puedes contactarnos para conocer su estado y determinar los pasos que corresponden.

Fuentes